La Fundación Forjando Futuros informó sobre la decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito de ordenar que el Ejército Nacional pida perdón públicamente a las víctimas de la masacre en la finca ‘La Galleta’ en el municipio de Montebello, ocurrida el 23 de enero del año 2000 donde perdieron la vida cuatro personas y se provocó el desplazamiento de sus familias, hechos que habría sido efectuados por miembros del Ejército y las Autodefensas Unidas de Colombia; asimismo, el órgano judicial exigió la restitución de un predio en esta zona del Suroeste antioqueño.
El informe de las autoridades revela que los cuerpos de Uberney Giraldo Castro, José Evelio Gallo, exmilitantes de la Corriente de Renovación Socialista -CRS-, el profesor y líder cívico Guillermo Adolfo Parra López y Wilfredo Cañaveral, hijo del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de San Antonio, fueron hallados con señales de tortura en el caserío El Cairo, del municipio de Santa Bárbara. Se dio a conocer además que los cuerpos de Uberney Giraldo Castro y José Evelio Gallo desaparecieron de la morgue del pueblo.
El juzgado reconoció además la condición de ‘segundos ocupantes’ a 17 campesinos a los que se les permitirá seguir trabajando partes del predio y adjudicar las partes restantes del mismo a víctimas del conflicto. En las redes sociales de la Fundación, Pastor Jaramillo, representante de las víctimas de la toma de la finca La Galleta en Montebello se mostró complacido por esta decisión judicial. “Estamos muy felices porque a 17 personas muy pobres de la región les fueron otorgadas parcelas de la finca La Galleta, estamos muy contentos también porque la jueza ordena al Ministerio de Defensa pedir perdón por los hechos acontecidos a lo largo de estos 20 años donde nos mataron compañeros en la finca y los obliga a presentar perdón público”.
Por estos hechos ya habían sido condenados en 2004 los militares Humberto Blandón Vargas y Sandro Barrero, miembros de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, señalados como autores penalmente responsables de los delitos de secuestro y homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Las condenas fueron ratificadas en segunda instancia por el Tribunal Superior Judicial de Antioquia en 2005.
Julio Cuastumal, abogado integrante de la Fundación dijo en rueda de prensa que el fallo ordena al Centro de Memoria Histórica hacer varias publicaciones con el fin de restablecer los derechos de las personas que fueron presentadas como falsos positivos por parte del Ejército.
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