Retaliaciones violentas en el país tras golpes de la Fuerza Pública a grupos armados

Las acciones operativas de la Fuerza Pública en contra de las organizaciones criminales han generado en estos primeros meses del año fuertes golpes a la delincuencia organizada, desatando, a su vez, retaliaciones violentas contra uniformados en distintas regiones del país, incluida Antioquia.

El Departamento de Policía Antioquia ha sido protagonista de estos resultados, registrando un total de 107 capturas contra integrantes del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo. Entre los capturados se cuentan dos cabecillas pseudopolíticos, cinco cabecillas de componente armado, tres cabecillas de zona, siete cabecillas urbanos, un financiero, dos logísticos, trece sicarios y setenta y cuatro integrantes, todos judicializados por delitos como concierto para delinquir, tráfico de armas de fuego, homicidio, extorsión, secuestro simple y tráfico de estupefacientes.

En estas operaciones también se incautaron 40 armas de fuego tipo industrial, 33 de corto alcance como revólveres y pistolas, y 7 de largo alcance, incluyendo fusiles, lanzagranadas y subametralladoras.

Uno de los golpes más certeros fue el abatimiento de alias “Chirimoya” el pasado 5 de abril, identificado como el quinto cabecilla del Clan del Golfo y figura clave dentro de la estructura Arístides Mesa Páez, con influencia en Sucre, Santander, Atlántico y Córdoba, particularmente en áreas limítrofes con el Bajo Cauca antioqueño.

Tras este hecho, se intensificaron las capturas en el departamento, con 15 integrantes más del Clan del Golfo detenidos, incluidos un cabecilla de componente armado, tres cabecillas urbanos y once integrantes de base. También se lograron incautar cuatro armas de fuego adicionales.

Sin embargo, los contundentes golpes a las estructuras criminales han desencadenado retaliaciones directas contra la Fuerza Pública. Los recientes atentados con explosivos en municipios como Salgar, Carepa, San Pedro de los Milagros, Tarazá y Remedios han cobrado la vida de 15 uniformados (once policías y cuatro soldados) y dejado otros heridos, en un claro intento de los grupos ilegales por generar zozobra y frenar la ofensiva estatal.

Cortesía.

En respuesta, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables de estos atentados, y hasta 20 millones por datos que logren evitar actos de sicariato contra policías y militares.

Las autoridades reiteran su compromiso de no ceder ante las presiones criminales y seguirán fortaleciendo las acciones para proteger a la ciudadanía y combatir con firmeza a las estructuras ilegales que intentan sembrar el miedo en las regiones.

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