Comunidad educativa del Juan de Dios Uribe rechaza posible construcción de cárcel en terrenos de su granja agropecuaria
- conexiónsur
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La Institución Educativa Juan de Dios Uribe de Andes expresó su rechazo categórico ante la posibilidad de que se construya una cárcel regional para sindicados en los terrenos donde hoy funciona la granja agropecuaria El Ciprés, un espacio utilizado para prácticas formativas y proyectos productivos.
El pronunciamiento se dio a conocer mediante el Comunicado 004, fechado el 21 de octubre de 2025, en el que docentes, estudiantes, padres de familia y directivos alertan sobre lo que consideran una “amenaza real” ante las evidencias de visitas técnicas y estudios contratados por la empresa Rentan S.A.S., que habría adelantado reconocimientos en el predio los días 15 y 29 de julio.
Según el documento, durante una de estas visitas se instaló un mojón topográfico con la inscripción “Cárcel de sindicados GPS-2 Rentan Municipio de Andes Antioquia 2025”, lo que reforzó la preocupación de la comunidad.
La Alcaldía de Andes, en respuesta a un derecho de petición, aseguró que el proyecto no hace parte del Plan de Desarrollo “Firmes por Andes” 2024–2027, pero confirmó que es una iniciativa promovida directamente por la Gobernación de Antioquia.
El comunicado señala que la granja no es un terreno baldío, sino un espacio educativo vivo y autosostenible donde se desarrollan prácticas de la media técnica agropecuaria, pasantías universitarias y proyectos con instituciones como el SENA. Además, en el lugar funcionan porquerizas, estanques de peces, conejos, gallinas ponedoras y ganado vacuno, fundamentales para la formación de los estudiantes.
Comunicado público de la Institución Educativa:
La comunidad advierte también que el proyecto sería incompatible con el entorno residencial y educativo, pues colinda con la Universidad de Antioquia – Seccional Suroeste y el Ecoparque Municipal, además de que contradiría los lineamientos nacionales que exigen una distancia mínima de 200 metros entre establecimientos carcelarios y edificaciones educativas o residenciales.
En su declaración, la institución enfatiza que no se opone al desarrollo del municipio, pero sí a la destinación de predios educativos para fines de reclusión. “Debemos invertir en los espacios que previenen el delito, no en los que lo contienen”, señala el texto.
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