Agentes de Tránsito de Andes denuncian amenazas en su contra

En un comunicado dirigido a la opinión pública, agentes de tránsito del municipio de Andes dieron a conocer que están siendo intimidados y objeto de persecución en redes sociales y grupos de WhatsApp donde se planean posibles atentados en su contra. Conexión Sur se permite compartir la denuncia elaborada por el mencionado colectivo de servidores públicos.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

“Alertan plan criminal contra agentes de tránsito en Andes: convocan a la comunidad a denunciar y proteger la vida de los servidores públicos”

Sea lo primero informar, que el municipio de Andes cuanta con un cuerpo de Agentes de tránsito, que trabaja 24/7, velando por el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte, regulando la circulación vehicular y peatonal, ejerciendo funciones preventivas y educativas para mejorar la seguridad vial, y realizando funciones de policía judicial en casos de accidentes de tránsito en los que se presenten personas lesionadas o fallecidas.

Lamentablemente se viene presentando una situación que pone en riesgo la vida e integridad física de estos agentes de tránsito en nuestro municipio. Es por esta razón que se comparte ante la opinión pública esta información, con el fin advertir sobre la planificación de ataques violentos contra los agentes de tránsito del municipio de Andes Antioquia.

Se tiene conocimiento sobre un grupo de personas que está utilizando las redes sociales y se está organizando para incitar y convocar a terceros con el propósito de planear ataques violentos contra los agentes de tránsito de Andes. Según la información recopilada, estas personas pretenden simular accidentes de tránsito en horas nocturnas con el fin de atraer a los agentes a lugares alejados con casos ficticios y, en ese contexto, atentarlos físicamente, causarles lesiones graves o incluso la muerte.

Estos hechos constituyen conductas criminales de extrema gravedad que atentan no solo contra la vida e integridad de los agentes de tránsito, sino también contra la institucionalidad, la seguridad ciudadana y el orden jurídico colombiano.

La correcta aplicación de las normas de tránsito es una obligación de las autoridades y una necesidad para garantizar la seguridad vial de todos. Es por esto que queremos concientizar a la comunidad sobre las graves consecuencias penales que conllevan estas acciones.

Los actos que este grupo de personas está planeando y organizando, configuran una serie de delitos severamente castigados por la ley colombiana. A continuación, se detallan las posibles imputaciones penales, conforme al Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000) y la jurisprudencia aplicable:

·        Concierto para delinquir (Artículo 340): La reunión de varias personas con el fin de cometer delitos indeterminados, como la de este grupo que se organiza para planear ataques en contra de los agentes de tránsito de Andes, encuadra en este tipo penal. La pena de prisión podría ir de 48 a 108 meses, incrementándose si el fin es cometer delitos contra la vida y la integridad personal.

·        Homicidio (Artículo 103): Cualquier acto que resulte en la muerte de un agente de tránsito configura este delito, cuya pena básica oscila entre 208 y 450 meses de prisión.

·        Lesiones personales (Artículo 111 y siguientes): Atentar contra la integridad física de los agentes, causando daño en su cuerpo o en su salud, es un delito cuya pena varía según la gravedad de las lesiones, desde 16 a 36 meses hasta 64 a 144 meses de prisión.

·        Amenazas (Artículo 347): El que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución, con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella, incurrirá por esta sola conducta, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Al ser las amenazas en contra de agentes de tránsito por las funciones que desempeñan, la pena se aumentará en una tercera parte.

·        Violencia contra servidor público (Artículo 429): El que ejerza violencia contra servidor público, por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.

·        Instigación a delinquir (Articulo 348): El que pública y directamente incite a otro u otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos, incurrirá en multa. Si la conducta se realiza para cometer cualquiera de las conductas de genocidio, homicidio agravado, desaparición forzada de personas, secuestro, secuestro extorsivo, tortura, traslado forzoso de población, desplazamiento forzado, homicidio o con fines terroristas, o violencia contra servidor público, la pena será de ciento veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses de prisión y multa de ochocientos (800) a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Es crucial subrayar que, en caso de cometerse los delitos mencionados, la condición de servidor público de los agentes de tránsito constituye un agravante que incrementa significativamente las penas. El artículo 58 del Código Penal establece que las penas pueden aumentar hasta en la mitad si el delito se comete aprovechando el ejercicio de funciones públicas o con ocasión de ellas, como es el caso de un agente de tránsito que se desplaza para atender un supuesto accidente.

Además, el artículo 104 del Código Penal contempla el agravante de homicidio si la víctima es un servidor público, elevando la pena a un rango de 500 a 700 meses de prisión. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido en múltiples ocasiones que atacar a un funcionario en ejercicio de sus funciones atenta contra la estabilidad institucional del Estado.

Exhortamos a la comunidad a no dejarse incitar por estos grupos criminales y, por el contrario, a denunciar ante las autoridades competentes cualquier información relacionada con planes o amenazas contra los agentes de tránsito.

Hacemos un vehemente llamado a la comunidad para que denuncie cualquier información que posea sobre estos planes criminales, ante la Fiscalía General de la Nación, a través de la SIJIN, el CTI y el GAULA; ente que tiene la capacidad de investigar y posteriormente dar captura de estas personas.

Recuerden que proteger a quienes nos protegen es una responsabilidad de todos. El anonimato de la denuncia está garantizado y es un acto de solidaridad y civismo. La convivencia en el municipio de Andes debe basarse en el respeto a la ley y a las autoridades, no en la violencia y la criminalidad.

La seguridad en las vías beneficia a todos, y la aplicación de la ley, aunque a veces genere inconformidad, tiene como objetivo salvaguardar la vida y la integridad de los ciudadanos.

No permitamos que un pequeño grupo de personas ponga en riesgo la seguridad y la tranquilidad de nuestra comunidad.

La invitación es clara:

Rechacemos estas conductas criminales, respaldemos la institucionalidad y denunciemos a quienes pretendan sembrar violencia contra nuestros funcionarios públicos.