Nuevamente hay tensión en el municipio de Jericó entre los movimientos que se oponen a la minería y la administración municipal, esta vez por cuenta de una denuncia que se conoció en las últimas horas en la que se da a conocer que hacia la media noche de este sábado 12 de septiembre, la policía y la administración local desmontaron unas banderas que habían sido instaladas en las fachadas de algunas viviendas con las que se rechazaba el proyecto de explotación que se pretende adelantar en la ‘Atenas del Suroeste’ y que de hecho alienta la posibilidad de convertir a la subregión en un distrito minero.
Los promotores de esta protesta se habrían organizado en comisiones para solicitar a los residentes de las viviendas la colocación de estas banderas recibiendo el consentimiento de varios de ellos, en una apuesta que, según Fernando Jaramillo, integrante de la mesa ambiental busca dejar clara la posición de defensa del patrimonio ambiental, agrícola y campesino. “Esas banderas fueron colocadas con el consentimiento de las personas que habitan esas casas. son la expresión de amor por Jericó, con su historia y de sentido de pertenencia (…) es simplemente decirle a la administración municipal, a los visitantes y a todo quien quiera enterarse que en Jericó queremos mantener nuestras tradiciones, no tenemos ninguna tradición minera y no queremos que se imponga esa actividad en el Suroeste y en el municipio”.
CONEXIÓN SUR habló con el alcalde del municipio David Alonso Toro para conocer las razones que llevaron a esta acción. El mandatario, afirmó que para este tipo de manifestaciones es necesario solicitar permiso formalmente a las autoridades. “Nosotros lo que estamos pidiendo es que se acuda al conducto regular y es la solicitud de instalación de banderas con la debida autorización del propietario de la residencia. No estamos impidiendo que se haga, solo queremos que pidan los permisos”.
Asimismo, dio a conocer una circular informativa del 6 de junio de 2014 en la que se hace énfasis que en el artículo 290 del Código de Convivencia Ciudadana de Antioquia se establece que “la instalación o fijación de avisos, carteles, afiches, pasacalles y distribución de volantes, como medio de propaganda comercial o política, requiere la autorización del alcalde o su delegado”. Es decir, la instalación de cualquier mensaje incluso en su propiedad debe surtir este proceso aclaró el mandatario, que agregó además que de seguir ese conducto regular se darán todas las garantías para fijar estos elementos.
Los movimientos ambientales reiteraron por su parte que su acción no obedece a procesos publicitarios, ni políticos, por lo que consideran el desmonte de las banderas como una persecución y una violación a la libertad de expresión. “Ese es un atrevimiento y un abuso al derecho de protesta que tenemos los ciudadanos a la libre expresión. No son actividades de publicidad comercial, ni de actividad política”.
Esta nueva tensión se produce días antes de una nueva visita que realizará la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- a la zona para verificar y desplegar las acciones a las que hay lugar para autorizar o no la licencia ambiental para la empresa minera que se encuentra desarrollando trabajos en la zona.
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