Informe alerta sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en el Suroeste
- conexiónsur
- hace 4 días
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Cinco organizaciones defensoras de derechos humanos, la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, la Corporación Vamos Mujer, Conciudadanía, la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación, presentaron el "Informe sobre Derechos Humanos del Suroeste antioqueño, 2025", un documento que evidencia el profundo deterioro de las condiciones de seguridad y el incremento de violencias en la subregión.
El reporte señala que la confrontación armada se ha intensificado al ritmo del control territorial que ejercen estructuras ilegales sobre economías ilícitas como la minería de oro y el narcotráfico. Según cifras de la Policía Nacional analizadas por las organizaciones, hasta el 30 de agosto de 2025 se registraban 253 homicidios, superando los 245 casos que dejó todo el año 2024. Este incremento, advierten, no es homogéneo: se concentra en zonas donde la disputa armada se ha recrudecido.
Andes es uno de los municipios más afectados, con un salto de 20 a 50 homicidios entre 2024 y agosto de 2025, aumentando a 60 casos para el 30 de octubre. Betulia también muestra un comportamiento crítico, al pasar de 11 a 29 homicidios. Las organizaciones atribuyen buena parte de este escalamiento a la expansión del Bloque Edwin Román Vásquez de las AGC, estructura especializada en minería ilegal que ha avanzado hacia las zonas de Cartama y San Juan para disputar el control de yacimientos y operaciones extractivas a gran escala.
El reporte advierte también un aumento sostenido en violencias sexuales y de género. Entre 2024 y septiembre de 2025 se registraron 419 denuncias por delitos sexuales, una cifra ampliamente superior a los 155 casos acumulados en los dos años previos. Más del 85 por ciento de las víctimas son mujeres, niñas y niños menores de 14 años.
El desplazamiento forzado también presenta un panorama crítico. Andes, nuevamente, lidera las cifras: pasó de 36 declaraciones de desplazamiento en 2024 a 195 en 2025, con corte a septiembre. Las organizaciones señalan que estas dinámicas afectan con especial severidad a lideresas sociales, defensoras de derechos humanos, líderes ambientales que han sido objeto de amenazas y judicializaciones, particularmente quienes se oponen al proyecto Quebradona en Jericó, y comunidades indígenas como Karmata Rúa y La Mirla, sometidas a riesgo de exterminio físico y cultural por el confinamiento y la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes.
El documento expone que, además del microtráfico, grupos como las AGC y La Oficina del Valle de Aburrá, a través de La Terraza - San Pablo, han centrado su estrategia en el control total de las rentas derivadas de la minería ilegal. En medio de esta disputa, la población civil, incluidos recolectores de café, mujeres sometidas a explotación sexual y menores de edad utilizados por las estructuras armadas, se configura como el principal territorio en disputa.
Las organizaciones firmantes insistieron en la urgencia de medidas estatales de protección, prevención y respuestas integrales que atiendan las necesidades humanitarias y garanticen los derechos de las comunidades afectadas.
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