Campesinos de Jericó judicializados por protesta contra proyecto minero expusieron su versión ante la Asamblea Departamental

“86 años de vida entregada al campo y a la lucha por el municipio de Jericó”. Con esa frase, cargada de historia y dignidad, comenzó su intervención Porfirio Garcés, un campesino jericoano que tomó la palabra en el recinto de la Asamblea Departamental de Antioquia este miércoles 21 de mayo. Allí, junto a José Luis Bermúdez, otro habitante del mismo municipio, expusieron su perspectiva sobre el proceso judicial que enfrentan junto a otros nueve campesinos acusados por la multinacional minera AngloGold Ashanti.

Ambos líderes intervinieron ante los diputados departamentales gracias a la gestión del diputado Juancho Muñoz, quien solicitó incluir el tema en el orden del día de la sesión. La intervención se centró en lo que los voceros campesinos definieron como una trayectoria de defensa ambiental y de construcción comunitaria en Jericó, con énfasis en la protección del agua, el suelo y de la vida rural.

“Es una vida dedicada al campo, a cultivar el café y la alimentación que es esencial para todo ser humano. Hoy me veo ante las autoridades como una persona que realiza otros menesteres que no son el bien”, expresó con voz pausada don Porfirio.

José Luis Bermúdez, también acusado, explicó con tono firme que los señalamientos por secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales no se corresponden con el espíritu de las movilizaciones campesinas. “Soy uno de los once demandados por la fiscalía por la empresa multinacional AngloGold Ashanti. Supremamente afectado por la infamia de esta empresa contra campesinos que no hacemos sino labrar la tierra y producir alimentos, no solo para nosotros, sino para traerlos a la ciudad. Somos unos productores de la tierra, no destructores como la multinacional minera”, afirmó.

La intervención se dio en un contexto de creciente respaldo ciudadano, más de 350 personas, entre maestros, estudiantes, organizaciones ambientales y ciudadanos, firmaron una carta de apoyo a los once campesinos judicializados, en la que expresan su preocupación por lo que consideran una criminalización de la protesta social. En el documento, se resalta que la oposición al proyecto minero Quebradona ha sido legítima y pacífica, y que el proceso judicial podría desestimular la defensa de causas ambientales en otros territorios del país.

Los campesinos regresaron a Jericó con la esperanza de que sus testimonios sirvan para generar mayor comprensión frente a la complejidad del conflicto socioambiental que viven. La próxima audiencia del proceso judicial ha sido programada para el 26 de mayo, fecha en la que se espera que la defensa de los habitantes de Jericó exponga sus argumentos ante el juzgado competente.

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