Gobierno nacional limita nuevos títulos mineros en seis municipios del Suroeste antioqueño

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció una zona de reserva de carácter temporal que cubre más de 37.000 hectáreas en seis municipios del Suroeste antioqueño: Fredonia, Jericó, La Pintada, Támesis, Santa Bárbara y Valparaíso. La decisión, oficializada mediante la Resolución 0855 de 2025, tiene como propósito reforzar la protección de los recursos naturales en una subregión históricamente amenazada por los intereses de grandes proyectos extractivos.

La medida, que estará vigente inicialmente por tres años, impide la entrega de nuevas licencias, permisos o concesiones para actividades de minería en el área definida. Aunque no revoca derechos adquiridos previamente por empresas que ya cuentan con autorizaciones en curso, sí establece un marco que restringe la expansión minera en uno de los territorios más biodiversos y productivos del suroeste del país.

Esta declaración de reserva se da en un contexto de tensión creciente entre las comunidades campesinas y empresas mineras con presencia en la zona, como la multinacional AngloGold Ashanti. Justamente, días antes del anuncio, el presidente Gustavo Petro advirtió públicamente que esa empresa debería retirarse del Suroeste, calificando su permanencia como una amenaza para la vida rural y el equilibrio ambiental del territorio, expresó el mandatario desde Medellín, durante un acto en el que participaron los once campesinos de Jericó que enfrentan cargos por su oposición a los proyectos mineros.

Si bien la compañía mantiene vigente un permiso de exploración hasta diciembre de 2025, y podría solicitar una prórroga, la nueva delimitación ambiental representa un cambio de enfoque en la gestión del territorio por parte del Estado, priorizando la preservación ecológica frente al desarrollo extractivo. En la zona bajo reserva, será el Gobierno nacional quien determine, con criterios técnicos y sociales, qué áreas pueden destinarse eventualmente a actividades económicas que no pongan en riesgo los ecosistemas ni los medios de vida locales.

Organizaciones sociales y ambientales de la región han recibido con esperanza esta decisión, considerándola un paso importante en la defensa del agua, la vocación agrícola y la autodeterminación territorial. Por su parte, sectores empresariales han expresado preocupación por lo que consideran una barrera a la inversión y al crecimiento económico. Sin embargo, el mensaje institucional es claro: la protección del territorio y los patrimonios ambientales es prioridad.

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