
Sí… volvió a pasar. Para quienes estaban alrededor del barrio San Pedro, de Andes, la noche del sábado 27 de noviembre, era imposible no darse cuenta de que algo había ocurrido en los alrededores de la estación de policía. ¡Se fugaron unos detenidos del comando!, era la notificación alrededor de este hecho no solo en el pueblo sino en grupos de WhatsApp y redes sociales.
A Conexión Sur llamaron, llegaron mensajes y fotos de varios ciudadanos preocupados queriendo saber lo que había pasado. Ante la indagación de rigor, la respuesta de las autoridades policiales, aunque escueta, afirmaba el hecho. “Un conato de asonada… debimos contener. Una persona logró darse a la fuga”; asimismo, fueron desmentidos los rumores que daban por hecho que uno de los fugados había sido dado de baja.
Posteriormente, Conexión Sur sabría que logró darse captura a dos de tres personas fugadas, pero la zozobra queda en la comunidad que inquiere sobre el porqué se presentan estas problemáticas en el comando de policía, situación denunciada por quien fuera el personero municipal de Andes hasta mediados de año, el abogado Duván Graciano, en cuya cuenta de Twitter, publicó:
"Fuga de 2 de las 31 personas privadas de la libertad en la estación de @PoliciaColombia de #Andes. La crisis carcelaria se ha trasladado a las estaciones de policía. Los entes territoriales se han acomodado y han desbordado la capacidad de la @PoliciaColombia. Competencia que por Ley le corresponde a los Departamentos y Municipios de acuerdo al art. 17 de la Ley 65 de 1993."
El domingo 28 se llevó a cabo un consejo de seguridad entre autoridades públicas municipales y de policía donde se abordó el tema, sin embargo, no ha habido un pronunciamiento oficial al respecto.
Nuestro medio de comunicación dispone sus plataformas para informar a la ciudadanía, más que de lo sucedido, sobre las acciones que se adelantarán, pues el que ocurra por segunda vez un hecho de esta naturaleza, genera como mínimo inquietudes respecto a las condiciones con las que son detenidas las personas que infringen la norma, y no solo por su integridad, sino por la seguridad de aquellos que les custodian y la de los ciudadanos que habitan los lugares aledaños a los espacios en los que son retenidos.
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