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"Contraloría no siguió el debido proceso": Alcalde de Andes



Un informe realizado por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), sobre la inversión de recursos durante este periodo de emergencia sanitaria en varios municipios y departamentos del país, dejó al descubierto según las autoridades, una grave situación de corrupción por aportes a campañas políticas.

El informe revela que algunos mandatarios locales hicieron gestiones para que contratos terminaran en manos de financiadores de sus campañas políticas; la denuncia se realizó luego de revisar una serie de elementos contractuales en los cuales se habrían detectado estos favorecimientos.

Andes, es uno de los municipios de Antioquia que aparece reseñado en el documento presentado por los organismos de control y en el que se establece que “el comerciante Juan Diego Mendoza Ochoa habría realizado un aporte a la campaña política del hoy alcalde Carlos Alberto Osorio Calderón de $2 millones de pesos y le dieron un contrato por $29 millones”.

En su defensa, el alcalde de Andes, Carlos Alberto Osorio Calderón, expresó su descontento con la Contraloría General de la República, no solo porque al parecer no se consultaron los documentos existentes en el portal de transparencia del Consejo Nacional Electoral, sino que –aseguró- se violó el debido proceso. “La Controlaría, como organismo de cierre, debe proceder con total cautela antes de hacer acusaciones de forma pública. Me sorprende que citen a una rueda de prensa en la que señalan a varios alcaldes del país de supuestos actos de corrupción y favorecimiento, sin notificarnos previamente”, precisó el mandatario.

El burgomaestre andino mostró además con facturas y documentos que datan del periodo de campaña (octubre de 2019) que el donativo de $2 millones por parte del comerciante Juan Diego Mendoza Ochoa, no fue tal, sino un crédito por combustible que se pagó ese mismo año. “Como candidato recurrí a la estación de servicios La Chaparrala porque su tarifa y plan de pago era el que más se acomodaba a mi presupuesto. Ahora como alcalde –tras un proceso de licitación que fue declarado desierto- acudimos a sus servicios al inicio de la contingencia por COVID-19 para el suministro de combustible por un valor de 29 millones de pesos, amparados en el proceso de selección abreviada que es lo que señala la Ley 80 que hay que hacer cuando a una licitación no se presentan oferentes. (…) En esos momentos arranca la contingencia por cuenta de la COVID-19. En el municipio declaramos calamidad pública y urgencia manifiesta y requerimos combustible para las volquetas, las motocicletas de tránsito, la fuerza pública; así que procedimos a adquirirlo. Tengo las pruebas y los documentos que certifican la legalidad de nuestro proceder y de ello queda constancia en el SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública). Respetamos las investigaciones de la Contraloría y la Procuraduría, pero debe hacerse un debido proceso. Ya el alcalde de Andes está señalado de corrupción ante los medios de comunicación y puedo demostrar que no es así”, puntualizó.


Estas fueron las pruebas dadas a conocer por el mandatario. Fotos: cortesía.


La posición del alcalde andino es similar a la de otros mandatarios que esperan que una vez se establezcan las claridades respecto a estos casos, se den a conocer con el mismo interés mediático que motivó las recientes declaraciones de los órganos de control.

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