La auditoría ejecutada en 30 municipios y 13 E.S.E de las subregiones del departamento por parte de la Contraloría General de Antioquia develó que en algunos contratos se habría incurrido en presuntas faltas disciplinarias, penales y fiscales, y que estos hallazgos representarían $362 millones.
El comunicado emitido por el órgano de control da cuenta de las acciones que desplegó la Unidad de Reacción Inmediata de la Contraloría departamental, luego de recibir denuncias sobre la contratación realizada en medio de la emergencia que ha generado la COVID-19 y afirma haber visitado a 43 sujetos de control y auditar un monto superior a los $47 mil millones.
Uno de los municipios que apareció en el comunicado fue La Pintada, localidad del Suroeste antioqueño en la que según la Contraloría se habría presentado un supuesto detrimento patrimonial, “suscribió un contrato para el suministro de productos alimenticios por un valor de $475.446.921, en el que la URI identificó un presunto detrimento de $14.121.177.”
A estos señalamientos la alcaldesa Mary Luz Corrales le salió al paso y pidió al órgano de control rectificar la información brindada en los diferentes medios de comunicación puesto que esta no corresponde a la realidad según la funcionaria. “Quiero aclarar que el boletín de prensa publicado por la Contraloría General de Antioquia (…) refleja una cifra errónea. Esta información es de la contratación que se hizo para la mitigación del COVID-19, es por eso que le solicitamos a la Contraloría la corrección del boletín con la cifra real para la tranquilidad y transparencia del pueblo pintadeño”.
Según la mandataria las inversiones que se expresan en el informe no son posibles actualmente toda vez que el municipio de La Pintada posee un gran déficit financiero. “Es imposible que hagamos una contratación de más de $400 millones, cuando el municipio se encuentra con un déficit financiero de más de $13 mil millones”.
Según información revelada en otros medios de comunicación, la inversión real por parte de la administración municipal de La Pintada para los paquetes alimentarios se habría firmado a través de un convenio por $75 millones. Las autoridades pintadeñas esperan la rectificación de la contraloría departamental.
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